Nuevamente aparece en las
noticias recientes sobre invasiones de terrenos el nombre de la seudo Comunidad
Campesina de Pachacamac y los Cuya Martínez.
El diario El Comercio (versión
online) publica una nota periodística bajo el titulo de “ Amenaza
de invasión continúa en La Molina.-Desde el
jueves hay intentos de ocupar 100 hectáreas de la Arenera La Molina” que pese al frío que en esta época del año, unos 300
pobladores trataron de invadir, por segunda vez en esta semana, un terreno de
100 hectáreas, propiedad de Arenera La Molina, en la parte alta de la
urbanización Musa, en el límite entre La Molina y
Cieneguilla.
Según el diario, los invasores son personas estafadas por Yanet Cuya Rodríguez,
presunta dirigente de la Comunidad Campesina de Pachacámac, que no existe en
Registros Públicos, pero que se hizo pasar como dueña de este terreno.
El jueves pasado ya se intervino a
dos de sus cómplices, pero insisten en entrar por la fuerza”, indicó Nicolás
Ramos, representante comercial de la empresa.
El Comercio conversó con los supuestos agraviados,
quienes aseguraron contar con los documentos que acreditan la venta, aunque
optaron por no mostrarlos. Según dijeron, ellos compraron los lotes a la
familia Aparicio (accionistas de la arenera), y pagaron US$50 por cada m2.
“Somos 5.000 pobladores que necesitamos vivienda para nuestros
hijos. ¡De acá nos sacarán muertos!”, exclamó una pobladora, quien prefirió no
identificarse.
Quien sí pudo ser reconocido por la policía y por Ramos fue un
tal Víctor Cabanillas, dirigente de la supuesta comunidad campesina, a quien se
le decomisó días atrás un cargamento de esteras y palos que iban a ser
utilizadas para concretar la invasión.
“Los que mienten son ellos [los
representantes de la arenera]. Nuestra comunidad existe y tenemos todo el
derecho de ocupar lo que es nuestro”, dijo Cabanillas a El Comercio.
“Tratamos de no responder con violencia, por lo que limitamos la
defensa del terreno al uso de gases lacrimógenos. Todos los detenidos fueron
acusados por usurpación grave”, observó Pedro Morán, comisario de La Molina,
quien ayer también supervisó el despliegue de unos 15 policías que permanecerán
en la zona hasta que los pobladores se vayan.
Hasta el cierre de esta edición, los pobladores insistían en
permanecer en la zona. La mayoría eran mujeres y niños.
Adelantaron que no propiciarían enfrentamientos, ya que confían
en que el Poder Judicial ratificará su condición de propietarios.
La arenera La Molina, es una cantera que despierta codicias, desde 1946, comercializa
hormigón, arena gruesa y piedra chancada y por su extensión, unos 763 m2, el terreno es un
blanco fácil para las invasiones. Según Registros Públicos, el terreno
pertenece a Corporación AAR, entidad que administra la arenera.
¿ Qué es y quienes conforman la supuesta Comunidad Campesina de
Pachacamac?
La supuesta Comunidad
Campesina de Pachacámac, que pidió se le reconozca como posesionara de una hectárea en 1946 y
cuya existencia fue anulada jurídicamente en 1949, pretende ahora ser dueña de 107,164 hectáreas al sur de Lima. ¿Quién está detrás de esta fabulosa operación?. Nada menos que el
empresario José Jorge Pazos Holder
Sólo una mente siniestra –no hay otra
explicación- pudo haber montado el mayor tráfico de tierras al sur de Lima, utilizando a una falsa Comunidad Indígena de Pachacámac,
integrada por personas reales, de extrema pobreza y de muy escasa educación,
para presentarla como dueña de 107,164 hectáreas, que abarca 12 distritos, cuyos derechos se basan en una inexistente Real Cédula Española,
expedida en 1746 por el Virrey Manuel Amat y Juniet.
Dicha comunidad, que fue presidida por Víctor
Manuel Cuya Martínez y que ahora es
dirigida por su hija, Janet Cuya Rodríguez,
e integran una treintena
de sus familiares, vende, transfiere,
obsequia tierras y legaliza sus actos
como si fuera una empresa formal.
Y, cuando
algún posesionario se resiste a
salir de su territorio, entra en acción “la mente siniestra”, la misma que utiliza todo tipo de amenazas hasta
llegar a una conciliación con los
actores, prestándose entonces algún juez
para extender una Escritura Pública.
Para tal fin han participado, como coro de fondo o con su
inercia, Municipios, Registros Públicos, COFOPRI, la Dirección Regional Agraria
de Lima, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio Público, el Poder
Judicial, Conciliadores y Notarios.
Una investigación realizada por la revista
“Juez Justo” y publicada el 24 de
febrero del 2010, permitió descubrir el hilo que lleva a esta madeja, cuyo operador en la sombra es el empresario Jorge José Pazos Holder, a través de su abogado
Carlos Castillo.
Pasos Holder
es dueño de las instituciones educativas CESCA, CICEX, COMPUTRONIC y la Universidad Técnica
Peruana de Ciencia Informática, entre otras propiedades.
El pasado fin de semana el tema fue expuesto, durante
una hora, en el programa inicial de“Juez Justo”, que se transmitió en RBC Televisión, bajo la dirección de Benedicto Jiménez y que marcó el retorno de Martha Sofía Salazar.
Este gigantesco tráfico de tierras, que mueve
muchos millones de dólares, se basa
en dos argumentos.
- Que la Comunidad
Indígena o Campesina existe en Pachacámac.
- Que los títulos de
sus tierras se los otorgó el Virrey
Amat en 1760.
La investigación de la revista “Juez Justo” ha
demostrado que ambas premisas son
falsas. No existe tal comunidad campesina o indígena de Pachacámac.
Y el Virrey Amat nunca concedió tierras a una
comunidad con ese nombre.
Vamos por partes y cucharadas.
Según información técnica del Ministerio de
Agricultura, que data desde el año 2007, el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro
Rural, Oficina PETT Regional de Lima y Callao, sostiene que si bien la referida Comunidad fue reconocida mediante Resolución Suprema N° 49 del 27 de marzo de 1946, la misma fue posteriormente derogada por Resolución Suprema del 28 de
octubre de 1949.
Pero este dueño ficticio de las tierras
ubicadas al sur de Lima, que abarca los distritos de Chorrillos, Santiago de
Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo,
Pachacamac, Lurín, Cieneguilla, La Molina, Punta Negra y San Bartolo, que no
tiene inscrito un metro cuadrado de tierra en los registros públicos
de SUNARP, hace mención entonces a sus
supuestos derechos obtenidos en 1746, sobre la base de una Real Cédula
Española expedida por el Virrey Amat y
Juniet.
Durante una acción de determinación de límites distritales entre Pachacámac y
Lurín, el Tribunal Constitucional, al
valorar la documentación señala que el Virrey Amat y Juniet arribó al virreinato del Perú en el año de
1760, por lo que en 1746 no hubiera podido suscribir el título ancestral de la citada Comunidad Campesina o Indígena
de Pachacamac. Por lo tanto, no existe tal derecho que la Comunidad pueda reclamar, más allá de
su personería jurídica.
A“la
mente siniestra” la jalaron en Historia.
El Virrey Manuel Amat y Juliet es uno de los
personajes más populares de nuestra historia, como que se
prendó de la belleza y gracia de la huanuqueña Micaela Villegas, a quien llamó
“La Perricholi”, en cuyo honor y para su halago y satisfacción, según los
relatos de la época, mandó construir el
paseo de Aguas, en el Rímac. Amat también construyó la alameda de Acho y
reconstruyó el paseo de la Alameda de los Descalzos, la Plaza de Acho, la
Quinta Presa, fortificó el Real Felipe,
construyó las iglesias de Santo Domingo y las Nazarenas y organizó tres
expediciones hacia las Islas de la
Sociedad, después de informarse del
descubrimiento de la Polinesia.
Amat fue
un distinguido militar cuyas charreteras las ganó en diversas batallas en
África, llegó a América en calidad de
gobernador de Chile, cargo que desempeñó entre los años 1755 y 1761.
Vino al Perú en 1761 para suceder en el cargo al virrey José Antonio Manso de
Velasco. Y concluyó su gestión en 1776,
cuando fue reemplazado por el
marqués Manuel de Guirior.
Como puede deducirse de esta apretada historia,
Amat nunca estuvo en el Perú en 1746, y
no extendió ningún título ancestral en ese año, lo que habría equivalido a invadir los fueros y dar un golpe de estado contra el virrey José Antonio Manso de Velasco. Para
mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.
La legislación actual prevé un deslinde y titulación de tierras comunales
a cargo de COFOPRI, por lo cual debemos afirmar que la Comunidad Campesina de
Pachacamac nunca obtuvo la
aprobación de los planos en conjunto de su supuestas tierras
comunales, menos aún logró inscribirlas en los Registros Públicos.
Se ha corroborado que Víctor Manuel Cuya Martínez se acercó en varias oportunidades a COFOPRI, con la
finalidad de lograr el aval de esta institución e inscribir lo que consideraba
su propiedad. El resultado siempre fue negativo, pues esa institución conoce la existencia de la resolución de extinción de la comunidad, pese a la inscripción registral fraudulenta que logró
en el año 2002.
¿Cómo se prueba la extinción legal de la
Comunidad campesina de Pachacámac?
Según el expediente administrativo de reconocimiento de
personería jurídica, obrante en el archivo central de la Oficina Zonal de Lima y Callao de
COFOPRI, existen copias de la Resolución que extingue a dicha comunidad, pues los
ejemplares originales fueron hechos
desaparecer por manos extrañas. Sin embargo, este hecho constituye el punto inicial de una bien montada estrategia, pues después
de medio siglo de haberse extinguido la comunidad, en los Registros Públicos de Lima, con fecha
05 de abril del año 2002, se presenta el título con el que logra
inscribirse, tal como consta en la
Partida Registral número 11359434 del
Registro de Comunidades Campesinas de la Provincia de Lima. El que presenta el
título es Víctor Manuel Cuya Martínez,
presidente de la directiva de la comunidad por varios períodos.
¿Qué motivos llevó a Cuya Martínez a solicitar
la inscripción de la personería jurídica
de una comunidad inexistente?
¿Cómo es que Registros Públicos inscribe en el 2002 una comunidad
reconocida en el año 1946 y derogada en
el año 1949, sin que en este lapso
genere ninguna suspicacia en el
Registrador?.
Víctor Manuel Cuya Martínez conocía de la existencia de la Resolución de
extinción de la comunidad. Solicitó ante el entonces PETT del Ministerio de Agricultura la revisión del
expediente de reconocimiento de la comunidad, así como hizo distintas
gestiones para lograr un ejemplar de
estos documentos. El PETT le notificó
por escrito la inexistencia de la
comunidad.
Otra fuente que demuestra la desaparición de la
comunidad indígena de Pachacamac en 1949, es el libro escrito por los
antropólogos José Matos Mar y Valdemar
Espinoza Soriano, con el título “El Valle de Lurín y el pueblo de Pachacamac”,
editado por el departamento de Antropología de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de
San marcos, en el año 1964. Los autores, en las páginas 154 y 155, al referirse
a un litigio habido entre la comunidad
campesina de Pachacamac, señalan que el reconocimiento oficial de la comunidad se produjo el 27 de
marzo de 1946, pero que tres años más tarde, en 1949, se declara su extinción.
Asimismo,
el Censo Nacional de Comunidades, emitido por SINAMOS en 1977, no
menciona ni considera a la referida comunidad entre las existentes de la provincia de Lima.
El clan familiar que integra la supuesta
comunidad está formada por familiares
(esposas, hijos, tíos, sobrinos, yernos,
nueras y nietos), que viven en casas rústicas, con muy escasos servicios, la
mayoría de los cuales sólo tiene quinto año de primaria, salvo la hija del
presidente, Jeanet Manuela Cuya Rodríguez,
técnico en computación y con
grado de educación superior.
¿Podría
un grupo de ciudadanos, comunes y corrientes, con escasos recursos
económicos, concertar una estrategia
legal para traficar tierras en 12 distritos?
Ahora veremos de dónde proceden los recursos.
La Comunidad, el 26 de diciembre del año 2005, firma una Escritura Pública ante el Notario
Landy Grillo, para donar tierras a favor de Jorge José Pazos Holder, en
agradecimiento por su ayuda para solventar
los gastos de saneamiento físico
legal de las tierras comunales,
fungiendo como presidente Víctor Manuel Cuya Martínez y basándose en el “título ancestral” otorgado
presuntamente por el virrey Amat. Este documento, que se encuentra en un instrumento público, deviene en
apócrifo y nulo.
Recientemente hubo un caso de confrontación entre la Comunidad
Campesina de Pachacamac y la Asociación Agropecuaria Santa Rosa de Lurín, formada por varios agricultores y ganaderos
posesionarios de 14 hectáreas desde el
año 1986.
En el año 2004
se presentó ante la Asociación un
grupo de personas con el propósito de ofrecerle comprar la posesión. Como los
integrantes de la Asociación se negaran,
entonces llegó hasta el lugar Gustavo Rey Holder, empleado del instituto
CESCA, para comunicarles que habían sido
denunciados penalmente por invasores y que la
policía procedería a capturar a su presidente, como de hecho así
ocurrió. Los campesinos prefirieron firmar un acta de conciliación, que fue la
base para que se les otorgara una
Escritura Pública en el juzgado Mixto de Lurín, a cargo del juez René Holguín Huamaní.
